El proyecto habitacional luce totalmente habitable. Estéticamente bien construido, arborizado y algunos vehículos bien estacionados en el área destinada a parqueos. Pero así solo se ve en la foto de una maqueta virtual: en el lugar solo hay un terraplén con algunas líneas de tuberías para desagües a medio instalar y camiones que cargan la tierra removida.
Al sueño que les vendieron a los adquirientes del residencial Poinciana todavía le faltan muchos bloques, cemento y varillas que lo haga realidad, mientras personas que han invertido su dinero allí, con la esperanza de un techo propio que les entregarían en 2022, viven el 2024 con el susto de que todo sea una estafa.
De otro proyecto, el Vista del Prado, en Santo Domingo Oeste, una adquiriente contó cómo tuvo que recurrir a intermediarios y amenazas de denuncia en los medios de comunicación para recibir, apenas en junio pasado, el apartamento que le prometieron entregar en 2020.
De hecho, le entregaron una unidad distinta a la que compró, porque la suya original aún sigue en el mismo estado de diseño que la vio en 2018. El apartamento que le entregaron, y al que se mudó hace un mes, presenta vicios de construcción y ha necesitado intervención por lo menos en cuatro ocasiones.
Los dos casos son un ejemplo de las irregularidades en el mercado inmobiliario dominicano, caracterizado por las constantes denuncias de fraude, atrasos en las entregas, cobros indebidos y malas construcciones que afectan a miles de usuarios, poniendo en riesgo inversiones millonarias.
